Ubicado en la zona suroccidental del continente sudamericano, con más de 4.000 kilómetros de longitud, y flanqueado en la zona norte por el desierto más árido del mundo, en su vertiente este por las formidables cumbres de la Cordillera de Los Andes de más de 6.000 m.s.n.m, en la parte austral por las gélidas influencias de la Antártica, y en su costa oeste por el Océano Pacifico, la biodiversidad de Chile, aunque relativamente menor que la del resto de los países de la región en términos de cantidad, posee altos grados de endemismo y singularidad. Gran parte de las especies que componen la biodiversidad nacional han evolucionado en términos de aislamiento biogeográfico, particularmente en la zona central del país, adquiriendo cualidades particulares y características únicas en el mundo. Esta especificidad, junto a importantes presiones y amenazas ocasionadas por múltiples actividades antrópicas, le ha valido ser considerado actualmente como uno de los 36 “hot-spots” de biodiversidad a nivel mundial.
La pérdida y el deterioro de la biodiversidad y sus retribuciones a la sociedad es un proceso global del cual Chile no está ajeno. A pesar de los esfuerzos del país en materia de conservación y protección de su biodiversidad (23% de su superficie terrestre y 42% de su zona económica exclusiva se encuentran protegidos), ha experimentado importantes procesos de pérdida y deterioro de su biodiversidad terrestre y marina en las últimas décadas, tanto a nivel de especies, como de ecosistemas (la mitad de los ecosistemas terrestres presentan algún grado de amenaza y la mitad de las 38 principales pesquerías nacionales se explota por sobre umbrales biológicos sustentables, con 25% de ellas agotadas y 25% sobreexplotadas).
Una de las brechas importantes que el país debe confrontar para asegurar la conservación de su biodiversidad y la provisión de sus servicios ecosistémicos es el financiamiento de las acciones orientadas a su conservación, restauración y gestión sostenible, por una parte, y la disponibilidad de información precisa y confiable sobre este financiamiento, por otra. En este contexto, la implementación del programa Biofin en Chile en el periodo 2013-2017 permitió realizar las primeras estimaciones sistemáticas en esta materia. Los resultados de estas estimaciones mostraron que, a pesar de exhibir un sostenido crecimiento en el periodo 2010-2014 (64,3%), el gasto público en biodiversidad del gobierno central tuvo una baja incidencia en el presupuesto fiscal total (0,12%), equivalente al 0,036% del PIB nacional (Biofin, 2017). Aunque no resultan completamente comparables, esta proporción es inferior a la encontrada en otros países de la región que han implementado el programa Biofin en el mismo periodo (Colombia 0,1%; y Costa Rica 0,5%, p.e.), e insuficiente para cubrir las necesidades financieras de la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) 2017-2030, estimadas también por Biofin en MMUSD 943,9, cifras que implicarían una inversión de, al menos, un 0,025% del PIB para cerrar la brecha de financiamiento en materia de biodiversidad.
Junto con la realización de estas estimaciones, la implementación de Biofin en Chile en su primera etapa logró importantes resultados en materia de mejoramiento de los instrumentos de política pública y económicos asociados a la conservación y gestión sostenible de la biodiversidad. Entre estos: la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030; la estimación financiera del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (aprobado en el Congreso de la República en 2023, actualmente en etapa de puesta en marcha); la estimación de costos asociados a la gestión sostenible del subsistema de áreas marinas protegidas del país; y el diseño de metodologías de apoyo para la implementación de instrumentos económicos relativos a compensaciones en biodiversidad en el marco de la evaluación de impacto ambiental, y la implementación de buenas prácticas productivas en biodiversidad para el sector agrícola. Complementariamente, Biofin apoyó el diseñó y presentación al Fondo Mundial para el Medio Ambiente de un proyecto para el diseño y la aplicación de instrumentos económicos en biodiversidad a nivel nacional, actualmente en ejecución, y que considera: (i) la implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos; (ii) el fortalecimiento de las compensaciones en biodiversidad; (iii) el desarrollo de sistemas de certificación de biodiversidad; y, (iv) la promoción de la aplicación del Derecho Real de Conservación. Estos instrumentos, además, forman parte de los mecanismos considerados en la nueva Ley de la Naturaleza (Ley N° 21.600), con lo cual su institucionalización e implementación se encuentra resguardada.
Por último, y en el último año (2024), a través de la aplicación de la nueva metodología de Biofin (2018) y la taxonomía para la clasificación del gasto público global en biodiversidad (GLOBE), Chile se encuentra desarrollando su segundo ejercicio de estimación del gasto público del gobierno central en biodiversidad, ejercicio que cubrirá el periodo 2015-2022 y una muestra más amplia de organismos públicos a nivel nacional. A través de este nuevo ejercicio se espera contribuir con información actualizada, precisa y de utilidad para el diseño de nuevas y más eficientes estrategias financieras, que permitan cumplir con la Meta 19 del Marco mundial Kunming-Montreal de la diversidad biológica, y aumentar considerable y progresivamente, el nivel de recursos financieros para ejecutar las estrategias y planes de acción nacionales sobre biodiversidad.
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